Ley meterá en cintura a corredores

Ana Cristina Camacho Sandoval El Financiero

Un foráneo sin residencia, quien con dificultad hablaba español, le vendió a otro extranjero una propiedad que tenía restricciones para su comercialización, al estar en un área protegida por el Estado.

El vendedor se fue del país con el dinero en su bolsillo y el engañado comprador se quedó sin su finca y con un complicado proceso judicial por estafa.

Esta historia es real como lo son otros casos de especulación y estafa, cometidos por falsos corredores de bienes raíces que aprovecharon la locura que desató Guanacaste como destino turístico, para vender propiedades prohibidas por ley.

Esta situación, narrada por Francisco Barquero, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces (CBR), ocurre en otras partes del país por la falta de control en el mercado.

Barquero y otros corredores consultados por EF, aplauden la propuesta presentada a la Asamblea Legislativa el pasado 3 de diciembre, porque crearía un marco regulatorio para frenar malas prácticas en la compra y venta de bienes inmuebles.

En términos generales, dijo Barquero, con el proyecto se espera profesionalizar la actividad de la correduría, establecer mecanismos de ética, sancionar las malas actuaciones y obligar al debido pago de tributos. Establece, además, el perfil de quienes deben y serán los que realicen transacciones inmobiliarias.

La propuesta denominada Ley reguladora de los contratos inmobiliarios y de la correduría de bienes raíces , es producto de un proceso donde participaron varios sectores, entre ellos notarios, jueces agrarios y ambientalistas, la Superintendencia de Valores, la CBR y la Unidad Ejecutora de Catastro y Registro.

La iniciativa fue redactada por el entonces consultor Hernando París, hoy ministro de Justicia, y pese a que sus creadores saben que no será aprobada en esta legislatura, están confiados en que los nuevos diputados le den el visto bueno.

Sector esperanzado

Milena Guevara es corredora de bienes raíces y ve la propuesta con buenos ojos porque sabe la necesidad de dar seguridad a la hora de utilizar los servicios de un asesor en la materia.

La ley, dijo, permitiría incorporar a más agentes de todo el país que trabajan con ética y se fortalecería la imagen de la profesión.

“Queremos leyes y reglas claras, límites, obligaciones y protección para todas las partes”, destacó Guevara.
450 asociados tiene la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces.
$150.000

Depósito que se le exigirá a cualquier persona interesada en administrar un fideicomiso.
Olman Víquez, agente de bienes raíces desde hace 22 años, reconoce también que existe un vacío de regulación legal de la actividad.

¿Qué provoca esto? Que cualquier persona, dijo Víquez, se dedique a la actividad, incluyendo extranjeros sin cédula de residencia ni estatus permanente en el país, sin pagar el impuesto de venta por comisión ganada que el Ministerio de Hacienda obliga pagar al resto que actúan legalmente.

Es una lucha de muchos años, dijo el dueño de Conexión Inmobiliaria Víquez, que intenta acabar con las especulaciones, malas asesorías y estafas.

Con él coincide otro colega, Luis Diego Espinoza, de Innova Real Estate.

A Espinoza le preocupa que personas sin capacitación ni ética profesional anden por la libre intermediando en este tipo de negocios y cometiendo faltas como los sobreprecios y venta ilegal de propiedades.

“Este nuevo proyecto propone una verdadera oportunidad para que Costa Rica dé una paso hacia el desarrollo sostenible, dando protección a todas las zonas y verdadero control a las transacciones inmobiliarias”, manifestó David Durán, socio de Exclusive Real Estate Costa Rica.

Durán defiende otros dos puntos. Primero: quien entre al mercado de la correduría que asuma la responsabilidad de sus actos, con conocimiento pleno de las leyes.

Segundo: el Gobierno tendría una recaudación más eficiente porque los corredores deberán declarar los montos verdaderos de las transacciones, con base en valores reales que el sistema actualizado de catastro les proveerá.

La propuesta de ley es un eslabón de un proceso más ambicioso. Así lo afirma Julio Jurado, coordinador del Programa de Regularización de Catastro y Registro, entidad que trabaja en la elaboración de un mapa catastral actualizado del país.

Se trabaja además con un sistema nacional de información del territorio, de datos geográficos basados en un mapa cartográfico novedoso.

El programa elaboró también un registro inmobiliario con su reglamento, pero tiene la esperanza de convertirlo pronto en ley. Para ello, una comisión del Registro Nacional elabora los últimos capítulos del proyecto.

Para Jurado, se trata de insumos para el ordenamiento territorial que permitirían las condiciones para dar seguridad jurídica a las inversionistas, reducir los costos de información y los costos de transacción. Incluso regula a otros sujetos que participan en las transacciones como los notarios y agrimensores.

El interés es incorporar a otros agentes como compradores y vendedores de bienes inmuebles y crear una serie de instrumentos inmobiliarios como es el leasing y el fideicomiso.

Negocio en orden

Aspectos que procuran regularse en el sector inmobiliario:
Afiliación: El agente deberá estar afiliado a una asociación especializado con código de ética y procedimientos sancionatorios.

Garantía: Se exigirá tener vigente una póliza o seguro de fidelidad o garantía de cumplimiento no menor a 30 salarios mínimos.

No al lavado: Estar inscrito en registro de Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas.

Perfil: Estar inscrito como corredor en la Dirección General de Tributación Directa; no haber sido inhabilitado para ejercer actividad.

Asociación: Deberá contar al menos con 50 afiliados y cinco años de constituida como mínimo; tener mecanismos de control.

Fuente Cámara de Bienes Raíces.